27 de enero de 2006 – “El pueblo no sabe más en quien creer, mi hijo tiene más miedo de la policía que de los traficantes”. La frase es de una habitante de una favela de Rio de Janeiro, que prefirió mantener el anonimato, y ayuda a entender mejor el ambiente de miedo e inseguridad que asola las comunidades pobres de la ciudad. Los casos de ejecución o balas perdidas durante acciones de la policía en morros o barrios pobres son tantos que gran parte de la población ve a la policía como una amenaza más que como protección.
El día 31 de marzo de 2005, por ejemplo, 29 personas fueron asesinadas de forma bárbara en tres municipios de la región de Gran Rio sin motivo aparente. La investigación probó que los tiros fueron disparados por policiales militares. Este fue la peor masacre de la historia de la ciudad. Y no fue el único: policiales fueron acusados – y después presos - por participación en las matanzas de la Iglesia de Candelaria, en 1993, en la favela de Vigário Geral, también en 1993; y en el masacre de presos en la Casa de Detención, en Carandiru, en 1992.
“El policiamiento represivo y corrupto existente en Brasil, lejos de disminuir los índices de violencia y criminalidad, ha contribuido para su crecimiento, provocando hostilidad en gran parte de la población”.
La afirmación es de la Amnistía Internacional que divulgó en diciembre el informe “Ellos Entran Disparando – Policiamiento de Comunidades Socialmente Excluidas en Brasil”, presentado por el investigador y observador Tim Cahill durante evento en São Paulo.
“El ‘Caveirão’ (carro blindado usado por la Policía Militar para entrar en favelas de Rio) refleja ese concepto de policiamiento de represión sin propuesta de largo plazo para modificar la situación de criminalidad en comunidades pobres”, dice Cahill.
Basado en entrevistas con habitantes y análisis de estadísticas de la violencia, el estudio delinea un triste panorama sobre la seguridad pública en el país. “Al fallar en atender las necesidades de seguridad pública de todos los sectores de la sociedad brasileña, los gobiernos del país permitieron que un policiamiento basado en violaciones de los derechos humanos se institucionalizase”.
Desarme
El informe presenta estadísticas oficiales que apuntan que, entre 1999 y 2004, las policías de los Estados de Rio de Janeiro y de São Paulo mataron 9.889 personas en situaciones oficialmente registradas como “resistencia seguida de muerte”. Según la Amnistía, la mayoría de las víctimas son jóvenes pobres, negros o pardos, y buena parte de ellos no tenían antecedentes criminales.
La Amnistía Internacional, sin embargo, elogia la campaña de desarme en Brasil y reconoce los esfuerzos hechos por el gobierno federal para mejorar las políticas de seguridad, con la creación del Plan Nacional de Seguridad Pública, pero destaca que las intenciones iniciales del proyecto no están siendo implementadas.
La ONG dispuso en su website un modelo de carta para ser enviada a los secretarios de Seguridad Pública de Rio y de São Paulo, Marcelo Itagiba y Saulo Abreu, exigiendo medidas urgentes para controlar la violencia.
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Fuentes: BBC, JB
